3 de julio de 2018
La lupa de los entes de control comenzaría a ponerse sobre miles de contratos celebrados durante la ley de garantías, que terminó hace dos semanas.
29 de junio de 2018
Un total de 1.369 millones de pesos busca invertir la Alcaldía de Cúcuta en la protección y conservación de las áreas estratégicas Las Camelias, Costa Rica, Lagunitas, Miraflores, El Brasil, La Reforma, Bellavista II y Los Laureles.
28 de junio de 2018
La unión temporal Semillas de Paz fue el operador seleccionado por la Bolsa Mercantil de Colombia para que preste el servicio del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en 11 de los 12 municipios del Quindío.
27 de junio de 2018
En la intervención del diputado Sergio Barraza durante la sesión ordinaria de la Asamblea del Atlántico, hizo algunos cuestionamientos sobre cómo se estaría desarrollando el Plan de Alimentación Escolar (PAE) en el departamento.
26 de junio de 2018
Este ente de control formuló cargos y citó al exfuncionario, Juan Felipe Zapata Álvarez, a audiencia pública el 4 de julio, por presuntas irregularidades en la adjudicación de un contrato para la rehabilitación de la malla vial de la localidad, por más de $10.922 millones.
25 de junio de 2018
Colombia Compra Eficiente (CCE) lanzó la guía para facilitar la circulación de facturas emitidas en desarrollo de un contrato estatal.
22 de junio de 2018
De acuerdo con la auditoría de cumplimiento realizada por la Contraloría General de la República para el Programa de Alimentación Escolar -PAE- de Antioquia, no se presentaron hallazgos fiscales, lo que indica el buen uso de los recursos asignados por el Sistema General de Participación -SGP de la Secretaría de Educación del departamento.
21 de junio de 2018
El gobierno del alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, adjudicó $20.327 millones para dotar con mobiliario, tecnología y cocinas a 340 colegios oficiales y 20 sedes administrativas de la Secretaría de Educación.
20 de junio de 2018
La segunda fase de la Ley de Garantías (Ley 996 de 2005) empezó a regir el 27 de enero del año en curso con efecto para las entidades que quisieran realizar contratación directa, esto con el fin de evitar que los recursos públicos sean desviados de su origen para favorecer a candidatos políticos durante las campañas.