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El contrato del Programa de Alimentación Escolar (PAE) por casi 7.000 millones de pesos que hoy tiene preso a Edgardo Pérez Díaz, alcalde de Ciénaga, Magdalena, también pondrá a dar explicaciones a uno de los megacontratistas del PAE: Dairo Almivio Navarro Pacheco.

Si las siete preguntas de la consulta anticorrupción hubieran estado enfocadas a los intereses nacionales y no a la retaliación de sus autoras contra el Congreso, el triunfo habría sido arrollador.

En una columna anterior argumenté que era inconveniente la realización de la consulta anticorrupción y que, por eso, el Senado no debería haber dado el aval para su realización. Me parecía (¡y todavía me parece!) un gasto de recursos públicos absolutamente innecesario que nos habríamos podido ahorrar.

Tras el nuevo aplazamiento de la adjudicación del Plan de Alimentación Escolar de Cartagena, la representante a la cámara por Bolívar, Karen Cure, le pidió al presidente Ivan Duque y a la Fiscalía identificar al “Madame” que tiene paralizado este programa destinado a 89 mil niños de los colegios públicos.

Para funcionar en óptimas operaciones, el Programa de Alimentación Escolar (PAE) en Antioquia requeriría entre 125.000 y 130.000 millones de pesos para brindarles el servicio a 240.000 estudiantes de 117 municipios.

El Plan de Alimentación Escolar (PAE) en Bogotá se ha convertido en ejemplo a nivel nacional y mundial. De allí que una delegación de Cali quiera conocer de primera mano cómo opera el PAE en la ciudad y cómo pueden fortalecerlo en la capital del Valle.

A partir del 22 de agosto los ciudadanos de Medellín podrán aprender a usar la plataforma de contratación de la Alcaldía de Medellín. Tanto empresarios como ciudadanos podrán inscribirse y participar de clases presenciales de manera gratuita.

En el Distrito de Cartagena existen siete entidades descentralizadas: Corvivienda, Transcaribe, Edurbe, Ider, IPCC, EPA y Distriseguridad.

La consulta anticorrupción, que básicamente intenta atacar la corrupción desde las diferentes vías por las que se ha sostenido por décadas en el país, tiene todo un punto dedicado a combatir las manipulaciones en los procesos licitatorios y anular la famosa contratación con pliegos “sastre” o “a la medida”.