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Caracol Radio conoció las denuncias sobre supuestas irregularidades que se habrían presentado en la licitación para contratar los servicios de alojamiento y alimentación para el personal de la policía antinarcóticos que apoya las operaciones de erradicación forzosa en el país.

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ha iniciado una investigación formal, y a más tardar en 2019 tomará una decisión clave: es muy probable que sancione a los contratistas de alimentación escolar de Bogotá por armar un cartel para cerrar el mercado fraudulentamente, y elevar el precio que se podría haber pagado por los refrigerios escolares si hubieran competido entre ellos.

El próximo 27 de septiembre se adjudicará el contrato para el cambio de flota de las fases 1 y 2 de TransMilenio (TM), según los documentos que hacen parte de los pliegos colgados en el Secop II.

El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, y la secretaria de Educación, María Victoria Angulo, calificaron como un éxito para el Distrito la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio de pedirle a la Fiscalía que investigue a 28 empresarios y a una asociación por los llamados carteles de alimentación escolar.

Con la información de la contratación del 2007 al 2016 que la Secretaría de Educación le entregó a la Superintendencia de Industria y Comercio se iniciaron las investigaciones que permitieron identificar las prácticas corruptas.

Asoproval y los 10 contratistas investigados podrían enfrentar una multa de $78.124 millones, y las 18 personas naturales implicadas pagarían una sanción de $1.562 millones.

Aunque se desconoce cuál de los seis proponentes fue seleccionado para ejecutar las obras de reparación de los bloques 1 y 2, así como el área administrativa de la Institución Educativa Fernández Baena, según el cronograma de contratación, la firma de la adjudicación del contrato debería ser mañana.

Apenas pasaron las elecciones de Congreso y Presidencia, la Gobernación de Caquetá del liberal Álvaro Pacheco empezó a adjudicar licitaciones por más de 14 mil millones de pesos para construir y remodelar colegios de cuatro municipios.

La lupa de los entes de control comenzaría a ponerse sobre miles de contratos celebrados durante la ley de garantías, que terminó hace dos semanas.