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Como es costumbre de los colombianos que dejamos todo para el final, ayer los mandatarios y sus secretarios y directivos corrían para tratar de firmar contratos y convenios, puesto que hoy entró en vigencia la Ley de Garantías que se extenderá hasta el 18 de junio con los resultados de la elección presidencial, si se da la segunda vuelta. Un tramo largo que por supuesto afecta el desarrollo de las entidades territoriales porque, según estimativos, queda prácticamente volando el 25 por ciento de la contratación pública.

A partir de hoy y hasta el 9 de marzo están abiertas las inscripciones de candidatos. Para asegurar la igualdad electoral, a todos los entes del Estado les queda prohibida la contratación directa, y a la rama ejecutiva, realizar cualquier forma de vinculación que afecte la nómina.

Con algunas excepciones, desde el sábado pasado hasta que sea elegido el próximo presidente de la República, ninguna entidad del Gobierno Nacional podrá contratar personal ni crear cargos.

Un plan de choque para asegurar la vigilancia de los planteles educativos oficiales del Distrito y la alimentación escolar mientras se termina el proceso de contratación del Plan de Alimentación Escolar (PAE), a través de Colombia Compra Eficiente, anunció el alcalde ( e ), Sergio Londoño Zurek.

Colombia Compra Eficiente y el Ministerio de Educación Nacional serán los encargados de garantizar la transparencia en este contrato, que ha estado en la mira de los entes de control durante varios años en Cartagena por presuntas irregularidades.

A partir de la medianoche las entidades públicas no podrán celebrar contratos de forma directa, dado a que entrará en vigencia la Ley de Garantías, así lo afirmó Juan David Duque Botero, presidente de Colombia Compra Eficiente

A partir de hoy y hasta que sea elegido el nuevo presidente de la República rige en Colombia la segunda fase de la llamada Ley de Garantías Electorales (Ley 996 del 2005), con la que se pretende blindar los recursos públicos para que no sean usados a favor de ninguno de los candidatos en contienda. 

Durante cerca de cinco meses, en caso de segunda vuelta presidencial, la contratación directa, por parte del Estado, estará paralizada. Es decir, que solo se podrán adjudicar obras a través de licitación pública y los convenios entre el Gobierno y los entes territoriales y departamentales tendrían que haber sido pactados antes del 11 de noviembre, justo cuatro meses antes de la elección de Congreso, el 11 de marzo.

Este sábado 27 de enero entra en vigencia la Ley de Garantías Electorales para el Gobierno central. Esta legislación se aplica a las entidades gubernamentales que buscan realizar contratación directa, con motivo de las elecciones para Presidencia de la República que se adelantarán en mayo.