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El Gobierno Nacional, a través del Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, expidió el Decreto 392 del 26 de febrero de 2018, que reglamenta los numerales 1 y 8 del artículo 13 de la Ley 1618 de 2013, sobre incentivos en Procesos de Contratación en favor de personas con discapacidad’.

Con el anuncio de la licitación de TransMilenio para la renovación de la flota de la fase I y II son varias dudas las que han surgido y preocupaciones, sobre todo, con lo que tiene que ver con la tecnología que usarán los buses y sobre qué pasará con los empleados de los concesionarios teniendo en cuenta la denuncia desde uno de los sindicatos de conductores de TransMIlenio.

El pasado 26 de febrero de 2018, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 392 el cual otorga puntaje adicional a los proponentes que acrediten la vinculación de trabajadores con discapacidad en su planta de personal.

Desde que el presidente Juan Manuel Santos asumió la presidencia en 2010, creó 14 agencias nacionales o convirtió en estas a entidades que ya existían. Aunque este incremento de las instituciones es criticado por el aumento de personal que suponen, los expertos reconocen que en algunos sectores han sido útiles, aunque señalan que el próximo gobierno sí debería revisar el funcionamiento de algunas.

La adjudicación de los nuevos contratos para cambiar la flota de buses de las fases 1 y 2 de TransMilenio será el próximo 5 de junio y los vehículos empezarían a rodar a finales del 2018. En total se reemplazarán 1.162 buses con 1.400, es decir 200 más. El 67 por ciento serán biarticulados y el 33 por ciento, articulados. 

Los prepliegos para la licitación de estos dos componentes ya fueron publicados. La inversión para adquirir los buses se estima en $1,6 billones y el costo de la operación y mantenimiento en cerca de $5,5 billones.

De las 33 Corporaciones Autónomas Regionales del país, la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena-CAM ocupó el tercer puesto en Desempeño Institucional, al obtener una calificación del 88%. 

La reforma a las leyes de contratación pública y asociaciones público - privadas (APP) e infraestructura tendría varios alcances agridulces, según distintos analistas.

En medio de denuncias de presuntas falsificaciones en parte de la documentación presentada por uno de los oferentes, que al final se quedó con la licitación, la Secretaría de Educación departamental adjudicó este viernes la operación del Programa de Alimentación Escolar, PAE 2018, en 82 municipios no certificados de Santander.