Desarrollo ANCP-CCE

El departamento de Sucre y el municipio de Sincelejo hacen parte de los entes territoriales que presentan retrasos en los procesos de contratación del Programa de Alimentación Escolar (PAE), según alerta emitida por la Procuraduría General de la Nación.

La Procuraduría advirtió en un comunicado emitido este lunes que hay retrasos en los procesos de contratación del Programa de Alimentación Escolar, PAE, en Sucre, Cartagena, Santa Marta, Montería, Sincelejo y Lorica y Sahagún, Córdoba, entre otras localidades y departamentos del país.

La Procuraduría General alertó sobre los retrasos en los procesos de contratación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en cinco departamentos y 14 municipios de todo el país, poniendo así en riesgo “el acceso en condiciones de calidad al derecho a la educación”.

Al final, las propuestas fueron presentadas por: Unión Temporal Construyendo Ilusiones; Consorcio PAE Santander Nos Une 2018; Unión Temporal Santander con Seguridad Alimentaria 2018 y Unión Temporal Santander Educado y Nutrido 2018.

La candidata presidencial Marta Lucía Ramírez le solicitó a la Fiscalía, Contraloría y a la Procuraduría investigar la supuesta jornada maratónica que hizo al Gobierno Nacional días antes de que empezara a regir la Ley de garantías por las elecciones.

Los proveedores del Programa de Alimentación Escolar en el segundo semestre del 2017 denunciaron que la Gobernación de Santander, a través de la Secretaría de Educación, continúa renuente a pagar el saldo pendiente por la prestación de sus servicios en el PAE de la vigencia anterior.

La exministra y candidata presidencial Marta Lucía Ramírez envió una carta a la Procuraduría, a la Fiscalía y a la Contraloría, en la que solicita que se investigue si hubo irregularidades en la adjudicación de numerosos contratos en entidades públicas, días antes de que entrara en vigencia la Ley de Garantías Electorales.

Este lunes, la Superintendencia de Industria y Comercio dio a conocer que quedaron en firme las sanciones impuestas contra siete empresas del sector de vigilancia y seguridad privada, que ascienden, en total, a 14 mil millones de pesos.

Siete empresas de vigilancia y seguridad privada controladas de manera oculta por el empresario Jorge Arturo Moreno, tendrán que pagar una sanción global superior a los 14.000 millones de pesos por violar la libre competencia económica en múltiples procesos de contratación pública.