Con condiciones muy limitadas que rozan en el direccionamiento, se estarían realizando las licitaciones para contratar el servicio de aseo y vigilancia en Piedecuesta y Floridablanca.
En el informe que presentaron tres miembros de la misión de compras públicas de ese organismo se ratificó la urgencia de unificar la dispersión de normas que actualmente tiene la Ley 80 de 1993.
La institución se quejó ante el Fondo de Vigilancia por demoras o problemas con los contratos para el mantenimiento. Casi 400 de los 2.800 automotores están fuera de servicio. El Fondo respondió que resolver estas quejas es una prioridad.
Veedurías, padres de familia y líderes políticos denunciaron que productos incompletos y en mal estado estarían siendo repartidos dentro del programa de alimentación escolar.
La OCDE también recomendó desplegar el SECOP II, la plataforma que permite hacer las compras y las ofertas públicas en línea y asegurar que todas las transacciones se estén haciendo por esta vía.
Esta investigación se originó en virtud de la queja instaurada por integrantes de una veeduría ciudadana, que informaron a la Procuraduría de Puerto Berrío que, al parecer, en la adjudicación del citado contrato se incumplió el principio de transparencia.