Pacto por la integridad: un compromiso con la ética pública y la construcción de una administración orientada al interés general

 

Con el compromiso de fortalecer la cultura de la integridad y la lucha contra la corrupción,  la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente (ANCP/CCE), el Departamento Administrativo de la Función Pública, la Secretaría de Transparencia y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - MinTIC- firmaron, este miércoles, el ‘Pacto por la integridad pública’, acuerdo encaminado a orientar las decisiones públicas al interés general y contribuir a la consolidación de la confianza ciudadana en las instituciones del Estado.

La Agencia, como ente rector del sistema de contratación pública del país, tiene un rol importante en este acuerdo interinstitucional: continuar impulsando procesos contractuales con criterios de eficiencia, transparencia y optimización de los recursos del Estado.

 

“Con los Acuerdos Marco de Precios (AMP) y los documentos tipo que hemos desarrollado tratamos, a toda costa, de poner un alto a los hechos de corrupción”, señaló Ana María Tolosa, secretaria general de Colombia Compra Eficiente - CCE.

 

En ese sentido, la funcionaria recalcó la importancia de cuidar los recursos públicos, por lo cual, desde la Agencia, se hace continuo seguimiento a los procesos de contratación, particularmente aquellos donde se evidencian posibles actos de corrupción como la modificación de la estructura de un documento tipo o la adquisición de bienes y servicios que no están en los catálogos de la Tienda Virtual del Estado Colombiano - TVEC.

 

“El ejercicio de la integridad es de consciencia, de humanizar nuestra gestión y nuestra labor; de no permitir que la compra pública sea un trampolín para los corruptos”, aseguró Tolosa.

 

Con el ‘Pacto por la integridad pública’ se busca, además, fortalecer la meritocracia, transparencia y las buenas prácticas en la gestión del empleo público; garantizar la publicación oportuna de información institucional y el cumplimiento de los estándares de transparencia, e implementar mecanismos para la prevención de la corrupción, la gestión de conflictos de interés y la rendición de cuentas.

 

Otro de sus propósitos es promover el liderazgo ético y la apropiación de los valores del servicio público en las entidades del Estado.

 

“El Sistema Nacional de Integridad Pública, que hoy lanzamos oficialmente, se sustenta en compromisos concretos, como el Pacto por la integridad, que no es una simple declaración, sino líneas de acción que deben traducirse en políticas, indicadores y resultados concretos; en cada acto administrativo, en cada proceso contractual y en la interacción con los ciudadanos”, indicó la directora de Función Pública, Mariela Barragán.

La integridad -agregó- debe entenderse como un compromiso colectivo con la ética pública y la construcción de una administración orientada al interés general.

 

La viceministra de conectividad, Gloria Patricia Perdomo, afirmó, por su parte, que la principal apuesta es seguir construyendo un Estado más transparente y cercano a la ciudadanía. “El desarrollo digital del país no solo es un avance tecnológico, es una decisión de ética pública… el Estado debe usar la tecnología para abrir información, proteger derechos y garantizar un acceso más equitativo”, dijo.

 

El Sistema Nacional de Integridad Pública busca alinear comportamientos y garantizar que la gestión estatal se desarrolle bajo criterios de legalidad, generando resultados reales en la prevención de la corrupción y fortaleciendo la confianza ciudadana.

 

“Las entidades del Gobierno Nacional han mejorado, sustancialmente, el indicador de acceso a la información, de transparencia. Hoy tenemos un sistema más robusto”, destacó Andrés Idárraga, Secretario de Transparencia, quien hizo énfasis en la importancia de continuar mejorando los canales de denuncia. La lucha contra la corrupción, añadió, se gana con coherencia.

 

El Sistema Nacional de Integridad Pública responde a una apuesta del Gobierno del presidente Gustavo Petro de consolidar un Estado ético. Cada actuación pública deja una huella en el ciudadano.