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La exministra y candidata presidencial Marta Lucía Ramírez envió una carta a la Procuraduría, a la Fiscalía y a la Contraloría, en la que solicita que se investigue si hubo irregularidades en la adjudicación de numerosos contratos en entidades públicas, días antes de que entrara en vigencia la Ley de Garantías Electorales.

Este lunes, la Superintendencia de Industria y Comercio dio a conocer que quedaron en firme las sanciones impuestas contra siete empresas del sector de vigilancia y seguridad privada, que ascienden, en total, a 14 mil millones de pesos.

Siete empresas de vigilancia y seguridad privada controladas de manera oculta por el empresario Jorge Arturo Moreno, tendrán que pagar una sanción global superior a los 14.000 millones de pesos por violar la libre competencia económica en múltiples procesos de contratación pública.

La capital del Cauca es la segunda ciudad del país en ser visitada por Colombia Compra Eficiente (CCE) en lo corrido del año. Un evento que hace parte de una estrategia en la que la entidad busca llegar a diferentes municipios del país invitando a los empresarios y a las pymes a conocer los beneficios de contratar y cerrar importantes negocios con el Estado, y a las entidades estatales para que se vinculen de manera efectiva al Sistema de Compra Pública.

La administración departamental informó que llevó a cabo la celebración de 783 contratos directos con el fin de suplir el funcionamiento de la entidad para la vigencia 2018, ante la entrada en vigencia de la Ley de Garantías para las elecciones legislativas y presidenciales.

Colombia un país con leyes de todo y para todos, con elecciones frecuentes, no podía quedarse sin su ley de Garantías Electorales, la misma que el 27 de enero entró en rigor en su segunda fase, es la ley 996 de 2005, denominada ‘ley de Garantías Electorales’, que prohíbe la contratación directa, la cual busca consolidar la igualdad de los candidatos en las elecciones del 11 de marzo al Congreso de la República y de presidente para el 27 de mayo de este año.

Pero desde el pasado viernes, que entró a regir en vigor la ley de garantías, norma que se expidió para las reelecciones del entonces presidente Uribe. No permite más contratación directa y convenios administrativos de ningún carácter, hasta que se conozca el nuevo presidente. 

Antes de que entrara en vigencia la segunda fase de la Ley de Garantías en todo el país, las entidades públicas del departamento pusieron el pie en el acelerador para celebrar el mayor número de contratos de prestación de servicios.

Como es costumbre de los colombianos que dejamos todo para el final, ayer los mandatarios y sus secretarios y directivos corrían para tratar de firmar contratos y convenios, puesto que hoy entró en vigencia la Ley de Garantías que se extenderá hasta el 18 de junio con los resultados de la elección presidencial, si se da la segunda vuelta. Un tramo largo que por supuesto afecta el desarrollo de las entidades territoriales porque, según estimativos, queda prácticamente volando el 25 por ciento de la contratación pública.