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El secretario de la Transparencia de la Presidencia de la República indicó que le seguirán la pista al proceso de licitación de las fiestas en Ibagué e indicó que se realizará una visita de capacitación y asistencia técnica por parte de la entidad para promover la lucha anticorrupción.

Aunque la organización Transparencia por Colombia aseguró que la mayoría de las propuestas de los candidatos presidenciales para luchar contra la corrupción son viables, también manifestó sus dudas sobre algunas de ellas.

Financiación, justicia, contratación pública y empleos públicos fueron los ejes sobre los que la entidad basó su análisis sobre la base de los programas de los candidatos, sus entrevistas y debates.

La Agencia Logística de las Fuerzas Militares se refirió a la denuncia que hizo por la Superintendencia de Industria y Comercio donde, presuntamente, empresas del sector privado habrían creado un cartel con el fin de fijar precios y repartirse las licitaciones públicas para los alimentos de militares.

Este proceso es llevado a cabo por una alianza entre el distrito y Colombia Compra Eficiente, después de un periodo de observaciones a la licitación, se publicarán las respuestas y posteriormente el pliego definitivo con los ajustes requeridos.

Supuestas irregularidades en el nuevo modelo de contratación de los refrigerios escolares en Bogotá pondrían en riesgo el suministro de los alimentos de más de 725.000 niños, según lo denunció La Veeduría Nacional de Recursos Sagrados.

La W conoció que si hoy Fonade no le paga más de $2.000 millones a la empresa Azteca Comunicaciones, encargada de la conexión a Internet en más de 640 puntos Vive Digital, a la media noche y durante la madrugada se desconectará este servicio de Internet en todos estos puntos.

La contratación pública es un gran mercado en Colombia. Juan David Duque, director de Colombia Compra Eficiente, estima que el Estado gasta al año $100 billones en contratación. Por eso, es importante la transparencia en este negocio, y el Secop II es una de las herramientas para reducir al mínimo los peligros de corrupción.

Prosperaron tres acciones que la Procuraduría General de la Nación entabló contra las alcaldías de Cartagena, Santa Marta y Villavicencio, en donde existen más de 166.000 estudiantes que se encuentran sin cobertura del Programa de Alimentación Escolar (PAE).