Con nuevo Acuerdo Marco se fortalecerán la infraestructura pública y producción agrícola del país
16 de marzo de 2026
Bogotá, marzo de 2026. En desarrollo de la política de transparencia del Gobierno del Presidente, Gustavo Petro, la Agencia Nacional de Contratación Pública respalda el propósito planteado por el mandatario de recuperar la soberanía en el manejo de los datos y la información pública.
Por ejemplo, la entidad ha venido tomando medidas para reforzar la vigilancia de la gestión y el manejo de la contratación pública, que de desde hace más de una década ha estado en cabeza de agentes extranjeros, sin que el Estado colombiano pueda ejercer el legítimo y debido control de los mismos.
Al respecto, el director de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente (ANCP-CCE), Cristóbal Padilla, afirmó que “hacer público lo público no es una pretensión, es una obligación constitucional”.
El Gobierno Nacional, por instrucción del Presidente, Gustavo Petro, promueve como política pública el concepto de soberanía digital, esto implica que el almacenamiento y manejo de los datos no dependa de terceros y se quede en Colombia.
Por tanto, el Director de esta agencia expresó: “¡no más cajas negras! Desde la ANCP-CCE nos sumamos al clamor del Presidente, Gustavo Petro, pues el SECOP II padece la misma opacidad que se viene denunciando en el caso del código fuente que maneja la información electoral.
En este contexto la Agencia considera que esto debe cambiar. La fe pública no puede estar delegada en algoritmos privados inauditables. La Agencia Nacional de Contratación Pública requiere soberanía plena sobre la lógica algorítmica del SECOP.
Dado que el sistema gestiona recursos públicos y da fe de la legalidad de los procesos, la 'seguridad por oscuridad' no es aceptable. Se exige un modelo de transparencia activa donde el código sea auditable y la inmutabilidad de los datos esté garantizada por pruebas criptográficas verificables (Blockchain).
Colombia debe recuperar la soberanía en el manejo de la información de los ciudadanos y ciudadanas. Renunciar a este principio por privilegiar intereses y negocios hechos desde hace años con terceros extranjeros no es una opción.
