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La Ley 70 de 1988 estipula que las entidades estatales deben suministrar, cada cuatro meses y en forma gratuita, un par de zapatos y un vestido de labor a sus empleados, siempre y cuando su remuneración mensual sea inferior a dos veces el salario mínimo legal vigente.
Esta prestación -dice la norma- “se reconocerá al empleado oficial que haya cumplido más de tres meses al servicio de la entidad empleadora”.
Así mismo, quienes se encuentren prestando el servicio militar tienen derecho a recibir, por parte del Estado, una dotación de vestido civil al momento de su licenciamiento. (Artículo 44 de la Ley 1861 de 2017).
Para satisfacer estas necesidades en materia de vestuario, Colombia Compra Eficiente puso en operación un Acuerdo Mardo de Precios -AMP de confecciones y calzado que les permite a las entidades públicas adquirir uniformes institucionales, dotaciones de vestuario de calle, prendas de vestir y calzado.
Este instrumento estará disponible hasta mayo de 2027, y su valor estimado se tasa en $620.585 millones.
El AMP, de cobertura nacional, cuenta hoy con 53 proveedores, de los cuales 40 son micro, pequeñas y medianas empresas (Mipyme), 6 son grandes empresas y 7 corresponden a uniones temporales.
El modelo de negocio planteado para este Acuerdo Marco buscó regionalizar el país, de manera que las entidades tengan la posibilidad de adquirir los bienes a los proveedores adjudicados en cada lote.
¿Qué encontrarán allí? Segmentación por tipo de productos, según sus necesidades; catálogos de características técnicas uniformes y no uniformes, y un catálogo independiente conformado por las prendas y el calzado propio de cada proveedor, con sus diseños, de acuerdo con las tendencias del momento.
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