Tras denuncia de Colombia Compra Eficiente, la Superintendencia de Industria y Comercio formula pliego de cargos por colusión entre oferentes de frutas del PAE en Bogotá

Bogotá, septiembre 1 de 2017. La Superindustria formuló Pliego de Cargos contra 5 empresas y 7 personas naturales por una presunta colusión (cartel) encaminada a afectar los precios de 2 licitaciones para elegir los proveedores de frutas dentro del Programa de Alimentación Escolar (PAE) adelantados por Colombia Compra Eficiente y la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá, por un valor conjunto superior a $ 40 mil millones de pesos.

La Superindustria indica que, de acuerdo con el material probatorio recaudado, los investigados a quienes se les formuló Pliego de Cargos se habrían puesto de acuerdo o coludido para presionar a Colombia Compra Eficiente y la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá con el propósito de que se aumentaran los precios de las frutas para la licitación del Plan de Alimentación Escolar (PAE) Bogotá.

Teniendo en cuenta que Colombia Compra Eficiente no accedió al aumento de precios pretendido por los investigados, ellos -los investigados- habrían boicoteado o saboteado la licitación con el objetivo de que se declarara desierta y Colombia Compra Eficiente y la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá se vieran obligadas a convocar un nuevo proceso con precios más elevados. 

"Los investigados habrían logrado su propósito en tanto el 83% de los segmentos a licitar fueron declarados desiertos y, por ende, Colombia Compra Eficiente y la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá se vieron obligadas a dar apertura a un nuevo proceso de selección aumentando el precio de referencia de las frutas en un 45%" señala la Superintendencia.

En la nueva licitación, y ya con los precios altos, los investigados habrían violado la libre competencia nuevamente, pues, presuntamente, se habrían coordinado o confabulado para impedir que otros proponentes pudieran participar y para mantener precios altos y repartirse el mercado. 

La conducta de los investigados podría haber tenido como consecuencias, entre otras, el desabastecimiento de frutas para los refrigerios escolares en aproximadamente el 83% de las zonas beneficiarias del Programa de Alimentación Escolar (PAE) de Bogotá entre el 15 de marzo y el 8 de junio de 2017 y, posteriormente, el encarecimiento de las frutas para todo el Programa de Alimentación Escolar (PAE) de Bogotá en cerca del 50%. El efecto de incrementar los precios en este caso se traduce necesariamente en que habrá menos frutas en los refrigerios destinados a los niños beneficiarios del programa o en que habrá menos niños en cuyos refrigerios se incluya fruta. 

La apertura de esta investigación contribuye al fortalecimiento de la lucha frontal contra la corrupción, en este caso corrupción privada. Así mismo, esta apertura no solo busca garantizar los valores de la libre competencia, sino contribuir en políticas públicas como las orientadas a la lucha contra la desnutrición y el fomento de la escolaridad, lideradas por el Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos.

La Superintendencia hace un llamado a las empresas nacionales y extranjeras que han estado o están involucrados en carteles empresariales a que delaten su participación y colaboren con la autoridad de competencia, con el fin de acceder al Programa de Beneficios por Colaboración.

El Presidente Juan Manuel Santos al referirse a la investigación le pidió al Superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo que en este caso actúe con toda la contundencia.

En esa línea, le solicitó también que identifique las regulaciones sectoriales que les estén generando barreras a los empresarios para competir en el mercado, para modificarlas o, incluso, para eliminarlas.

“Esta tarea, Superintendente, puede ser incluso más importante y provechosa para nuestra economía y nuestros empresarios, que la misma lucha que usted ha venido liderando contra los carteles empresariales y otras prácticas restrictivas de la competencia”, aseveró.

Antecedentes 

La investigación inició con ocasión de una denuncia que Colombia Compra Eficiente radicó ante esta Superintendencia, la cual fue conocida por el Grupo Élite Contra Colusiones de la Delegatura para la Protección de la Competencia. En dicha denuncia el Subdirector de Negocios de Colombia Compra Eficiente advirtió sobre irregularidades acontecidas en desarrollo de los procesos de contratación LP-AMP-129-2016 y LP-AG-130-2016 que podrían representar un “riesgo de colusión” en lo que tiene que ver con el grupo de “frutas y hortalizas”.

De acuerdo con lo anterior, esta entidad realizó visitas administrativas a alrededor de 20 empresas del sector de operadores del Programa de Alimentación Escolar. Entre las empresas visitadas se encontraron personas que participaron o tuvieron alguna injerencia en los presuntos acuerdos anticompetitivos de colusión denunciados por Colombia Compra Eficiente, como COMERCIALIZADORA DISFRUVER S.A.S., INDUSTRIA DE ALIMENTOS DAZA S.A.S., FRUTAS Y ALIMENTOS DE COLOMBIA S.A.S. y ALIMENTOS SPRESS LTDA.

Con base en el material probatorio acopiado por esta entidad, se concluyó que los presuntos acuerdos anticompetitivos se habrían realizado en el marco de los procesos de contratación LP-AMP-129-2016 y SA-SI-140-AG-2017 adelantados por Colombia Compra Eficiente, que tenían por objeto la selección de los proveedores de alimentos en el marco del Programa de Alimentación Escolar en Bogotá, D.C.

De esta forma las personas jurídicas y/o investigadas que participaron en el proceso LP-AMP-129-2016 habrían realizado, sin limitarse a ellas, alguna de las siguientes conductas:

(i) Presionar, influir e instigar a Colombia Compra Eficiente, mediante la presentación coordinada de observaciones dentro del proceso LP-AMP-129-2016, con el objeto de incrementar los precios de los alimentos integrantes del grupo de “frutas y hortalizas”.

(ii) Boicotear o sabotear el proceso LP-AMP-129-2016 mediante la concertación para la no presentación de ofertas, con el objeto y el efecto de que la entidad convocante declarara desiertos los segmentos correspondientes al grupo de “frutas y hortalizas” para forzar la apertura de un nuevo proceso de contratación.

(iii) Presionar, influir y amenazar a FAC S.A.S. para que se abstuviera de presentar oferta dentro del proceso LP-AMP-129-2016.

Por otra parte, en el marco del proceso SA-SI-140-AG-2017 las personas jurídicas y naturales investigadas habrían adoptado un comportamiento coordinado encaminado a incrementar las barreras de entrada al proceso de selección, eliminar la competencia entre ellos y repartirse los beneficios económicos del contrato según su participación en el mercado. Todos estos comportamientos, por supuesto, revelan la renuncia a la rivalidad por los beneficios derivados de la coordinación.

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